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Desvinculan al presidente de Argentina Mauricio Macri de caso de escuchas ilegales

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La justicia en Argentina sobreseyó este martes al presidente del país, Mauricio Macri, en una causa en la que estaba acusado de haber ordenado escuchas ilegales cuando era alcalde de la ciudad de Buenos Aires.

Macri estaba procesado desde hace cinco años y medio.

El juez federal Sebastián Casanello consideró que no había “siquiera una prueba directa” que vinculara a Macri con las escuchas a su excuñado, Néstor Leonardo, y a un dirigente opositor.

Por ello, firmó un fallo que desvincula “definitivamente” a Macri del caso.

A mediados de 2014 una Cámara de Apelaciones ya había decidido que el entonces jefe de gobierno porteño no debía enfrentar un juicio en la causa.

Juez controvertido

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Macri acusó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de estar detrás de la denuncia judicial.

Macri fue procesado en 2010 por el juez Norberto Oyarbide, quien lo acusó de ser “partícipe necesario de una asociación ilícita” en una causa que investigaba una presunta red ilegal de espionaje en el seno del gobierno porteño.

Lea también: Procesan al alcalde de Buenos Aires por caso de espionaje

Según la periodista de BBC Mundo en Buenos Aires Veronica Smink, Oyarbide es considerado uno de los jueces más polémicos de Argentina debido a una serie de fallos controvertidos que beneficiaron al anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, opositora de Macri.

No obstante, la Cámara Federal confirmó el procesamiento en 2010, por lo que continuó la investigación que ahora cerró, pocas semanas después de que Macri asumiera como presidente de Argentina.

Más allá de esta decisión, la investigación por la presunta red de escuchas continúa: en 2017 será juzgado por el caso el ex jefe de la Policía porteña Jorge Palacios, cercano a Macri.

BBC

Carlos Fayt deja la Corte Suprema el 11 de diciembre

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El ministro del máximo tribunal presentó su renuncia y le fue comunicada a la Presidenta. El juez afirmó que “continuará trabajando normalmente” hasta esa fecha, un día después de que asuma el próximo presidente.

La Corte comunicó este martes que el Dr. Carlos Fayt ha presentado su renuncia al cargo de Juez de la Corte, la que tendrá efectos a partir del 11 de diciembre próximo.

Según el portal de la Corte, el CIJ, “se comunica que, en el acuerdo del día de la fecha, 15 de septiembre de 2015, el Doctor Carlos Santiago Fayt ha presentado su renuncia al cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Dicha renuncia tendrá efectos a partir del día 11 de diciembre de 2015 y ha sido comunicada en el día de la fecha a la Señora Presidenta de la Nación argentina.

“Fayt continuará trabajando normalmente hasta la fecha en que se haga efectiva la renuncia”, señala la comunicación de la Corte Suprema por lo que Fayt será juez hasta el último día de mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Los jueces de la Corte, Doctores Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda “recibieron la decisión y, en un emotivo acto, reconocieron al Doctor Fayt por su trayectoria y asimismo decidieron hacer un acto en su homenaje en fecha cercana al mes de diciembre”, indica el CIJ.

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Acto de apertura del Año Judicial 2015 – Dr Ricardo Lorenzetti – Corte Suprema

1. “Las instituciones no funcionan bien cuando los que están a cargo hablan del poder y los ciudadanos, de otros problemas”

2. “Los jueces no deben ceder a las presiones”. No hay nadie más poderoso que pueda presionar”

3. “No está mal que hablen los demás poderes del Estado. Debe ser uno de los pocos países del mundo donde se censura el diálogo entre poderes”

4.“Hubo sentencia y es cosa juzgada”[Por el caso de la embajada de Israel]

5. “A los ciudadanos le decimos que no tengan temores, que la corte está para proteger. Tenemos que brindar protección, seguridad jurídica y previsibilidad. Necesitamos un poco de docencia constitucional entre todos. Esto no impide la acción del gobierno”.

6. “No puede haber oscilaciones pendulares”

7. “Nuestro trabajo es inútil si vamos de un lado para el otro”

8. “Existen poderes económicos y poderes que derivan del gran desarrollo tecnológico todos necesitan límites y esto es parte de la función judicial”

9. “El poder judicial debe poner límites y eso no significa que sustituya la acción de gobierno. Los jueces no gobiernan . La obligación judicial es dictar sentencia y poner límite. Somos partidarios del activismo judicial, pero no se gobierna”

10. “Los jueces tienen muchas ideas, y no está mal que las tengan”

11. “Todos estamos de acuerdo en defender la independencia cuando esa sentencia es favorable. Cuando no nos conviene es cuando los principios tienen importancia muchas veces no criticamos el argumento, sino deslegitimamos al emisor. Decimos que el juez no es independiente, que responde a tal o a cual”

12. “Si los jueces no son independientes hay procedimientos para pedir su sanción o destitución”.

13. “Las democracias funcionan en redes imposibles de controlar”

14. “Está en crisis este modelo institucional. Hay que pasar a un modelo distinto, a una democracia deliberativa, a la conducción de la diversidad”.

ARGENTINA: MILES RECLAMAN JUSTICIA TRAS MUERTE DE FISCAL #AlbertoNisman

BUENOS AIRES (AP) — Miles de argentinos se movilizaron el lunes bajo la consigna “Yo soy Nisman” en reclamo del esclarecimiento de la muerte del fiscal que investigaba el atentado terrorista contra una mutual judía y que había acusado a la presidenta Cristina Fernández de una maniobra para encubrir a los supuestos responsables.

Los manifestantes tomaron la consigna de “Je suis Charlie”, que marcó las multitudinarias protestas en Francia tras el ataque al semanario Charlie Hebdo, para expresar su consternación frente a uno de los sucesos de mayor gravedad institucional ocurrido en la última década en Argentina y cuyas implicancias políticas son impredecibles.

Alberto Nisman fue hallado con un tiro en la cabeza la madrugada del lunes en su departamento de Buenos Aires, horas antes de una cita en el Congreso en la que tenía previsto dar detalles de la acusación contra la presidenta. Nisman había denunciado la semana pasada que Fernández había liderado un plan para encubrir a un grupo de iraníes acusados del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó la muerte de 85 personas y heridas a más de 200 en 1994.

Al grito de “Justicia, justicia” los manifestantes respondieron a la convocatoria que circuló por las redes sociales a pocas horas de conocida la noticia sobre la muerte de Nisman. Uno de los puntos de concentración fue la Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno, donde se produjeron algunos incidentes entre la policía y un grupo de manifestantes que pretendía superar el vallado de seguridad que rodea al palacio gubernamental.

Otros se apostaron frente a la residencia presidencial en el suburbio de Olivos, al norte de la capital, donde reside la presidenta. También hubo marchas en ciudades del interior del país.

En carteles improvisados escritos a mano resaltaban las frases “Yo soy Nisman”, “Nisman gracias”, “Cristina asesina” y “Basta de atropellos”.

“Yo sabía que eran corruptos, pero no asesinos”, dijo a The Associated Press Fernando Lucero, un abogado de 41 años. “Estoy conmocionado, espero que la justicia investigue y si el gobierno es responsable que vayan presos”.

La autopsia al cuerpo de Nisman reveló que el fiscal se disparó en la sien con un revolver calibre 22, pero los investigadores no descartan la hipótesis del “suicidio inducido”.

La muerte del fiscal generó una fuerte conmoción social que se expresó en marchas en varias ciudades del país pese a que la mayoría de los argentinos se encuentran de vacaciones de verano. Otros se manifestaron golpeando cacerolas desde balcones de los edificios.

“(A Nisman) Lo mató el gobierno porque destapó todos los negociados”, opinó la jubilada Stella Maris López, de 63 años. “Acá tendría que estar toda la sociedad movilizada, pero los argentinos somos demasiado dóciles”, se quejó.

En una carta difundida en la noche del lunes, la presidenta Cristina Fernández dijo la muerte del fiscal generó “estupor e interrogantes”, pero deslindó a su gobierno de toda responsabilidad en el trágico suceso.

La semana pasada Nisman había pedido que Fernández, el canciller Héctor Timerman y allegados al gobierno fueran indagados por el presunto encubrimiento de los iraníes sospechosos del ataque a la AMIA.

Según la acusación de Nisman, la presidenta y su canciller “tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán” para acercarse a ese país con el fin de “saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos”.

Para la justicia argentina Irán financió y ejecutó el ataque contra AMIA. Teherán siempre negó cualquier vinculación con el ataque.

Manifestnates tiran un contenedor de basura frente a la policía afuera del palacio de gobierno en la Plaza de Mayo durante una protesta en demanda del esclarecimiento de la muerte del fiscal especial Alberto Nisman en Buenos Aires, Argentina, el 19 de enero de 2015. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Manifestantes exigen el esclarecimiento de la muerte del fiscal especial Alberto Nisman durante una protesta en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina, el lunes 19 de enero de 2015. Nisman, que investigaba el sangriento atentado de 1994 contra la AMIA, fue encontrado muerto el domingo en el baño de su apartamento con un disparo en la cabeza horas antes de que testificara ante una audiencia en el Congreso. Nisman había acusado a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los responsables. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Una multitud exige el esclarecimiento de la muerte del fiscal especial Alberto Nisman durante una protesta en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 19 de enero de 2015. Nisman, que investigaba el sangriento atentado contra la AMIA ocurrido en 1994, fue encontrado muerto el domingo en el baño de su apartamento con un disparo en la cabeza horas antes de que testificara ante una audiencia en el Congreso. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Manifestantes protestan frente al Congreso exigiendo el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, en Buenos Aires, el lunes 19 de enero de 2015. Nisman, quien la semana pasada había acusado a la presidenta Cristina Fernández de encabezar un plan para encubrir a los supuestos responsables de un atentado contra una sede judía en 1994, apareció muerto en su casa el lunes. (AP foto/Rodrigo Abd)

Policías antidisburbios vigilan el exterior del palacio de gobierno frente a la Plaza de Mayo, durante manifestaciones en Buenos Aires, Argentina, el lunes 19 de enero. La foto fue tomada desde atrás de una barrera. Los inconformes demandan el esclarecimiento de la muerte del fiscal especial para el caso AMIA, Alberto Nisman. (AP Foto/Víctor R. Caivano)

Manifestantes se reúnen en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la casa de gobierno, exigiendo el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el lunes 19 de enero de 2015. Nisman, quien la semana pasada había acusado a la presidenta Cristina Fernández de encabezar un plan para encubrir a los supuestos responsables de un atentado contra una sede judía en 1994, apareció muerto en su casa el lunes. (AP Foto / Rodrigo Abd)

Un hombre envuelto en una bandera argentina sostiene una sartén durante una manifestación en Buenos Aires en reclamo del esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el lunes 19 de enero de 2015. Nisman, quien la semana pasada había acusado a la presidenta Cristina Fernández de encabezar un plan para encubrir a los supuestos responsables de un atentado contra una sede judía en 1994, apareció muerto en su casa el lunes. (AP foto/Rodrigo Abd)

Manifestantes se reúnen en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la casa de gobierno, exigiendo el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el lunes 19 de enero de 2015. Nisman, quien la semana pasada había acusado a la presidenta Cristina Fernández de encabezar un plan para encubrir a los supuestos responsables de un atentado contra una sede judía en 1994, apareció muerto en su casa el lunes. (AP Foto / Rodrigo Abd)

Manifestantes se reúnen en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la casa de gobierno, exigiendo el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el lunes 19 de enero de 2015. Nisman, quien la semana pasada había acusado a la presidenta Cristina Fernández de encabezar un plan para encubrir a los supuestos responsables de un atentado contra una sede judía en 1994, apareció muerto en su casa el lunes.(AP Foto / Rodrigo Abd)

Una manifestante sostiene un cartel durante una protesta en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 19 de enero de 2015, para demandar el esclarecimiento de la muerte del fiscal especial Alberto Nisman, que investigaba el atentado sangriento contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994. (AP Foto/Víctor R. Caivano)

El secretario de Justicia anunció una “multa severa” para Hotesur: “3.000 pesos”

El secretario de Justicia, Julián Alvarez, minimizó hoy que la firma Hotesur, empresa que administra un hotel de la presidenta Cristina Fernández, no presente balances desde hace tres años en la Inspección General de Justicia. Lo hizo de un modo particular: se alineó con el argumento que usó ayer la compañía para defenderseaduciendo que las faltas son menores.

En un reportaje radical, esta mañana con FM Vorterix, Alvarez prefirió seguir con su ataque al juez que ordenó el allanamiento de la compañía que administra un hotel de Cristina en El Calafate. Dijo que el magistrado federal genera “un escudo para que no se lo investigue” y “no utiliza los expedientes con criterios de imparcialidad, sino con el objetivo de coaccionar a través de sus medidas”.

“Una empresa no presentó sus balances en la IGJ y los presentó en la AFIP. Habrá sido el error de un contador, no vas a pretender que la Presidenta esté viendo si se presentó el balance en la IGJ o en la AFIP”, indicó.

Sin embargo, recordó que la cartera tiene “la potestad y lo vamos a hacer, le vamos a aplicar una multa a Hotesur y será la más severa. La multa es una multa de 3 mil pesos, pero no porque se nos ocurre, sino porque está reglamentado así. Es una irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo”, minimizó.

“En la IGJ hay un problema estructural, hay 40 mil sociedades que no tienen regularizados sus balances, 40 mil, tenemos un problema en la IGJ, y una de las 40 mil es Hotesur, que hace tres años que no presenta su balance”, justificó el funcionario.

En cuanto a Bonadio, reiteró sus críticas, luego de haber dicho el domingo, en una entrevista con el diario Página/12, que aprovecha sus causas para “extorsionar y hacer política” y que es “militante” del massista Frente Renovador.

Cuando se le preguntó si se lo denunciará por investigar a Hotesur, respondió: “No, por esta investigación no lo vamos a denunciar, sino por la acción sistemática de generar un escudo para que no se lo investigue. En el Consejo de la Magistratura”.

“No utiliza los expedientes con criterios de imparcialidad, sino con el objetivo de coaccionar a través de sus medidas, es clarísimo”, remarcó Alvarez y recordó: “Hablamos de Bonadio, un ‘juez de la servilleta’, un juez designado por (el ex presidente Carlos Menem) que respondía directamente a (el ministro del Interior del Menemismo, Carlos Corach)”.

“Cada vez que sesiona el Consejo, Bonadio toma acciones judiciales en sus causas para defenderse mediante la coacción sobre las denuncias que tiene en el Consejo, que son de gravedad institucional”, insistió el viceministro de Justicia. Clarín contó hoy como, en varios casos, la secuencia fue al revés. La Magistratura lo citó luego de que Bonadio complicara a algún funcionario.

Clarin

María Servini de Cubría advirtió que podría allanar la Casa Rosada por un caso de narcotráfico

La jueza aseguró: “Hay llamados entre algunos narcos y la Casa Rosada”; también hizo durísimas declaraciones que vinculan a la Sedronar con narcotraficantes

La jueza María Servini de Cubría aseguró hoy que “hay llamados entre algunos narcos y la Casa Rosada”.

En declaraciones a Radio Mitre, la jueza aclaró a quiénes se refería específicamente: “Me refiero a personas que trabajaban en la Sedronar y los hermanos Zacarías“.

Según dijo, como la causa está dividida en múltiples causas, es más difícil de investigar. “LaSedronar hacía las denuncias y las hacía todas en un lugar distinto lugar. Eso dificultó la investigación”.

Dijo que se le pidió a Oscar Parrilli que informe sobre los teléfonos que se comunicaron con Zacarías desde la Casa Rosada. “Le damos un tiempo y si no contesta le volvemos a reiterar el pedido y si no contesta vamos a allanar”, adelantó. Este procedimiento llevará más de un mes.

En diálogo con Mitre, se le preguntó si es pensable el narcotráfico sin colaboración con la clase política. “El narcotráfico tiene que tener el apoyo de adentro de alguien que sea importante, si no enseguida la policía los localizaría a los narcotraficantes. Pero también tienen que tener apoyo de fuerzas de seguridad porque es fácil sino poder detectar”.

Agregó: “Es muy difícil investigar una causa de narcotráfico, porque hay presiones de todos lados. Distintos tipos de presiones: amenazas, los abogados se enloquecen. Llevo 24 años de juez federal, he vivido momentos muy difíciles, pero éste es un momento muy difícil para la Justicia”.

LOS ZACARÍAS

Máximo Rito Zacarías, un empleado del PAMI, quedó más complicado ante la Justicia después de que un ex trabajador de la secretaría antidrogas lo acusara de interesarse en la importación de 1000 kilos de efedrina. El dato no sería tan importante si no fuera porque el acusado forma parte de una familia con vínculos directos con el Gobierno.

Zacarías es hermano de Miguel Zacarías, que era secretario privado del ex titular de la secretaría antidrogas José Granero, acusado de ser partícipe en el tráfico de efedrina por el descontrol que primaba en el registro de precursores químicos.

Además, es hermano de Rubén Zacarías, ex jefe de Protocolo de la Casa de Gobierno, y de Luis Zacarías, que trabaja en la Secretaría Privada de Cristina Kirchner , según reveló el diario Clarín.

Servini de Cubría indagó a un ex empleado del registro de precursores químicos, Pedro Lucas Paradelo, quien registra casi una veintena de comunicaciones con el Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar. y casi diez llamadas de otros tres abonados distintos de Presidencia de la Nación y uno de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Estas llamadas coinciden con fechas en que se presentaban en el registro de precursores autorizaciones para importar efedrina.

Paradelo también registra tres llamadas telefónicas con Sandra Oyarzábal, asesora de Granero en la Sedronar, y luego empleada de Farmacéuticos Argentinos SA, un laboratorio investigado por traficar efedrina. Ella es pareja de Alfredo Abraham, otro empresario investigado por esta maniobra.

Una vez que desde la Sedronar se comunicaban con un teléfono de Presidencia, cortaban y llamaban a Paradelo en coincidencia con la aparición de trámites de importación, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Ayer, cuando el escribano fue indagado, justificó las comunicaciones por razones laborales, pero cuando le preguntaron por los Zacarías, Paradelo señaló que Máximo Rito Zacarías, que trabajaba en el PAMI, se interesó en importar 1000 kilos de efedrina.

Servini procesó a José Granero -titular de la Sedronar hasta 2011-, a Gabriel Abboud -ex subsecretario de ese organismo- y a Julio De Orué -ex director del Registro de Precursores Químicos de la Sedronar- por considerarlos partícipes primarios del delito de “haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes y alterado su destino de uso”. También procesó a tres responsables farmacéuticos de Droguería Saporiti, Droguería Libertad SA y Unifarma SA, tres de las empresas que importaron la efedrina y luego la habrían vendido al mercado negro. Ahora investiga a los Zacarías.

 

Crime breeds mob ‘justice’ in #Argentina

Riot police guard a supermarket attacked by looters in San Fernando, Buenos Aires province, Argentina. (Juan Mabromata, AFP)

Riot police guard a supermarket attacked by looters in San Fernando, Buenos Aires province, Argentina. (Juan Mabromata, AFP)

Buenos Aires – Argentina has been shaken by a recent wave of incidents of mob “justice,” underscoring public frustration with rising crime and ineffectual police work.

In the past 10 days, there have been 12 reports of attempted lynchings, where angry members of the public have taken it upon themselves to punish suspected criminals.

“They kill, they rape, they rob. What do you expect?” 64-year-old Jose Villalba, the superintendant of a building in downtown Buenos Aires told AFP, expressing sympathy with the vigilantes. “I don’t think I would go to such an extreme, but you’d have to see the circumstances,” he said.

So far, only one person has died in the mob attacks, an 18-year-old who was beaten to death after a purse snatching in a poor part of the city of Rosario, 300km north of Buenos Aires. His family insists he was innocent.

But reports of mob justice have surged in the past two weeks in places like Buenos Aires’s upscale Palermo neighbourhood and five provinces.

Argentines have mixed opinions about the trend.

“To lynch is to return to barbarism,” said Ariel Billordo, a 29 year-old systems analyst.

A survey by pollster Aragon y Asociados published on Monday, however, found that nearly 30% of the population of Buenos Aires are in favour of violence against law-breakers.

Politicians React

The country’s political leaders are taking note.

The governor of Buenos Aires province, Daniel Scioli, has declared a state of emergency in his jurisdiction, where 16 million of Argentina’s 40 million people live.

Scioli, an ally of President Cristina Kirchner and a favourite to run as president in 2015, announced plans to buy patrol cars and rehire 5 000 retired police officers to beef up a force that already numbers 72 000.

Sergio Massa, an opposition deputy who also is likely to run for president, said the public’s taking matters into its own hands was justified in light of “the absence of the state” in fighting crime.

“Each one tries to capitalise on the problem. But insecurity has taken a more complex turn with the lynchings,” said Mariel Fornoni, an analyst with Management and Fit (M&F) consulting.

M&F says that 84% of the population believes insecurity has increased, which makes it the opposition’s most exploitable issue in next year’s elections.

Sociologist Guillermo Perez Sosto agrees: “Part of the population lost faith in the state”.

“There is a feeling that they’ve been abandoned,” says Perez Sosto, who heads the Instituto Torcuato Di Tella think tank.

Argentina has not published crime statistics since 2009, when the country had the highest rate of robberies in Latin America – 974 per 100 000 inhabitants – despite a low murder rate.

Drugs and police corruption

“Drugs is what has to be stopped,” said Jaime Meza, a 58-year-old messenger. But what to do about it poses a dilemma, he added.

“To lynch is to become a murderer. You can’t have confidence in the police because there is a lot of corruption.”

Meza’s dim view of law enforcement is shared by many Argentines.

The Aragon y Asociados survey found that 73.8% of those polled believe there is a relationship between politics and drug trafficking, while 78.7% believe some police are involved with drug traffickers.

Carried out earlier this month in the Buenos Aires metropolitan area, the poll also found that 38.4% feel that people have the right to organise and arm themselves in self-defence if the government is unable to control crime; 54.7% were opposed.

Juan Carlos Molina, a Catholic priest in charge of the federal anti-drug agency, criticised the governor’s plans for fighting crime.

“Buy a lot of vests and bullets, but let’s also triple the number of sports, cultural and therapeutic scholarships,’ he said on his Twitter account.