Gobierno argentino confía en que justicia archive causa contra Kirchner

La presidenta argentina Cristina Kirchner saluda a la multitud el 1 de marzo de 2015 en Buenos Aires (AFP | Alejandro Pagni)

 

El gobierno argentino consideró este jueves endeble la apelación para que la justicia investigue a la presidenta argentina Cristina Kirchner, acusada de encubrir a iraníes por el atentado antisemita de 1994, y confió en que el caso termine archivado.

“La apelación es insuficiente, muy endeble y muy liviana”, sostuvo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en rueda de prensa al vaticinar que será rechazada por la Cámara Federal (segunda instancia) “in límine” (por inadmisible).

La apelación fue presentada el miércoles por el fiscal Gerardo Pollicita, quien retomó la denuncia de su colega Alberto Nismam, hallado muerto en su departamento con un balazo en la cabeza el 18 de enero, cuatro días después de acusar a Kirchner de encubrimiento.

El juez federal Daniel Rafecas había rechazado en primera instancia los argumentos de Pollicita, cuya apelación será analizada por la Sala 1 de la Cámara Federal, según el sorteo realizado este jueves.

“La Cámara no va a resolver si hay delito o no. Lo que tiene que resolver es si hay mérito o no para abrir la investigación. Hoy, ni siquiera hay causa”, explicó Pollicita al canal de noticias TN.

El fiscal consideró en declaraciones a radio Vórterix que “para impulsar la investigación alcanzaban y sobraban los dichos de Nisman”.

Nisman había acusado a Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a otros allegados al gobierno de encubrir a exgobernantes iraníes, imputados por la justicia argentina por el atentado al centro judío AMIA en Buenos Aires en 1994 que dejó 85 muertos y 300 heridos, aún impune.

La Sala 1 es la misma que en mayo de 2014 declaró inconstitucional el Memorandum de entendimiento con Irán impulsado en 2013 por Argentina para formar una comisión internacional de juristas y para interrogar a los imputados en Teherán, entre ellos el expresidente iraní Ali Rafsanjani.

Aunque ese acuerdo nunca entró en vigencia, Nisman lo consideró el instrumento para el encubrimiento.

Esta sala, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, es también la que en febrero confirmó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou en una causa por presunta corrupción.

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